BAGUA: LUCHA IRRACIONAL ENTRE HERMANOS ¿A QUIEN CONVIENE?

BAGUA: NO HAY DIÁLOGO

A un año de la tragedia, el gobierno y los dirigentes nativos solo tratan de obtener provecho político y limpiarse de responsabilidades.

La peor matanza en un asunto de orden público y la peor masacre de policías en la historia del país, sigue en la impunidad un año después.

Solo tres detenidos por la tortura y asesinato a sangre fría de decenas de policías en la Estación Nº 6 de Petroperú y en la Curva del Diablo.

Alberto Pizango, uno de los incitadores del bloqueo y la matanza, de regreso y libre gracias a un acuerdo bajo la mesa con el gobierno.

La inepta y cobarde Mercedes Cabanillas, que atribuyó toda la responsabilidad a la Policía y negó sus evidentes errores, limpia de polvo y paja, aspirando ahora a ocupar otro ministerio.

El individuo que ocupaba la Dirección de la Policía en ese momento, un inútil indigno de vestir el uniforme policial –por eso los apristas lo nombraron en ese cargo–, enviado a Washington disfrutando de un salario de lujo, retribución por su complicidad y silencio.

Y como cereza para coronar el pastel, una ley de consulta previa que otorga derecho a veto a ciertos grupos vagamente definidos, sobre el uso de los recursos de todos los peruanos.

FRACASO TOTAL

La estrategia del gobierno de Alan García para enfrentar la huelga fue un desastre de principio a fin. Consistió simplemente en mecer a los nativos, engañarlos sistemáticamente con la esperanza de que se cansen y se vayan a sus casas.

Y al final, cuando eso no funcionó, una acción violenta mal preparada y peor ejecutada.

Al comienzo el gobierno aparentó firmeza, con el presidente García asegurando que sus decretos no serían derogados de ninguna manera y que el TLC con los Estados Unidos dependía de ellos. Después de la matanza los derogó, sin que el TLC se desmoronara, mostrando que todo había sido una farsa.

Finalmente, 34 muertos, una gran herida abierta, negativas y duraderas consecuencias, por nada. El motivo declarado del gobierno, favorecer la inversión y el desarrollo en la selva, con más obstáculos que nunca.

POLITIQUERÍA

El gobierno acusó a congresistas humalistas y líderes nativos de mentir y hacer demagogia respecto al contenido de los decretos. ¿Y qué esperaba? ¿Que dijeran la verdad, que lo respaldaran?

Era responsabilidad del gobierno y del Apra, que cuentan con muchos recursos, explicar sus puntos de vista, persuadir, convencer. No lo hicieron. Están ocupados en sus negociados y sus disputas internas.

El actual premier, Javier Velásquez Quesquén, era presidente del Congreso y ofreció a los nativos en varias oportunidades discutir la derogatoria de los decretos, dado que había varios proyectos de ley en ese sentido. No lo hizo. Los engañó. Su último ardid lo practicó el jueves 4 de junio, cuando –muy astuto él– nuevamente postergó el debate. Al día siguiente, con los ánimos exaltados, se produjo la matanza.

En suma, politiquería barata, astucia de timadores, picardía de malandrines, muy útil para manejarse con la gavilla de sinvergüenzas que habitan en el Congreso –lo controlan con sobornos y chantajes–, pero inservible para enfrentar asuntos como el de Bagua.

UNA LEY PELIGROSA

Una de las consecuencias del “Baguazo” es la ley de consulta previa para adecuar la legislación al Convenio 169 de la OIT que ha aprobado el Congreso.

En el artículo 3º de esa ley, todavía no promulgada al momento de escribir estas líneas, se otorga derecho a veto “a los pueblos indígenas u originarios” respecto a medidas que les afecten directamente.

El texto dice que se requiere el “acuerdo o consentimiento” de los afectados. Eso excede largamente lo que establece el Convenio 169, que no pretende limitar la autoridad del Estado, sino proteger a los pueblos originarios.

La definición de pueblos originarios es amplísima, e incluye a “comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas y pueblos amazónicos”. Así, las comunidades, muchas de las cuales han sido constituidas en las últimas décadas y están conformadas por mestizos completamente adaptados, pasan a formar parte de los “pueblos originarios”, con un tratamiento especial.

El Convenio 169 está orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas, que han conservado su cultura, tradiciones e identidad, que los hacen diferentes al resto de la nación, y distantes de las instituciones nacionales y el régimen político del país.

Ese puede ser el caso de algunos grupos nativos de la selva, pero en ningún caso de todas las comunidades y de aquellos que se definan a sí mismos como indígenas.

RESUMEN

En suma, la tragedia de Bagua muestra la incompetencia del gobierno, la irresponsabilidad y demagogia de los dirigentes indígenas y sus defensores humalistas, y la impunidad que reina en el país.
Pero primero debemos resaltar lo positivo de toda esta desgracia que podría agruparse en los siguientes puntos:
1.- La imparcialidad de los medios de comunicación televisados.- Hay que reconocer cómo ante esta tragedia, la gran mayoría de canales nacionales de señal abierta y de televisión por cable han dado una amplia cobertura sobre lo sucedido, pero contrariamente a años anteriores, esta vez la información ha sido bastante objetiva, al punto de que en programas tan diversos que van desde el informal “Enemigos íntimos” de Beto Ortiz y Aldo Miyashiro, hasta el cuadriculado programa de “La Hora N” de Jaime de Althaus, la posición tomada ha sido a favor del alto a las hostilidades, la concertación por vía del dialogo y el igual pesar por las víctimas nativas y policiales, dando igual cabida a los testimonios de ambos “bandos” por así decirlo.
2.- La no generalización de la violencia.- Se ha percibido de modo contundente la sensación general en la población peruana de que todo tipo de violencia no puede darse una vez más, por lo que lejos de condenar a nativos y policías, se busca como culpables a los azuzadores y a quienes estuvieron detrás de todo esto para lograr un rédito, que sin duda los hay.
3.- La mayor difusión sobre normatividad forestal y ambiental.- Se ha dado una nueva oportunidad de que la población tenga un mayor conocimiento sobre el modo y forma de cómo se promulga una ley y sus consecuencias en las poblaciones locales, un mayor conocimiento sobre la normatividad ambiental y un mayor conocimiento sobre la realidad en la que viven y se desarrollan los pueblos nativos amazónicos que siempre son los que terminan pagando los platos rotos y cargando con el perro muerto lanzado por sus propios líderes con afanes políticos.
En cuanto a lo negativo, esto podría agruparse en los siguientes puntos:
1.- La presencia y acción totalmente destructiva de algunos miembros de la bancada nacionalista, que lejos de mantener la calma y mantener los canales de comunicación abiertos, optaron por el discurso separatista y reaccionario, muy típico de los fantoches izquierdistas de los setentas y ochentas. En ese grupo se ubica Yaneth Cajahuanca, Marisol Espinoza y Rafael Vásquez.
2.- La testaruda intransigencia por parte del líder de AIDESEP, Alberto Pizango y de la bancada oficialista al cerrarse vehemente en sus posiciones antes de que estalle la violencia. Eso fue un diálogo de sordos y terminamos al guerrazo con todos los muertos a cuestas tan solo porque estos individuos no dieron su brazo a torcer en su debido momento.
3.- La ineficiencia descomunal del gobierno para hacer conocer a las comunidades nativas de los beneficios y bondades del decreto 1090, amén de que no se consultó a éstas, tal como lo estipulan las normas de la OIT aunque también es cierto que éstas aun no están normadas por el legislativo. Nadie les explicó a los habitantes de ésta región en qué consistían los alcances de la 1090 y mucho menos nadie hizo pelea informativa a los radicales que se encargaron de envenenar las mentes de la mayoría -casi siempre en situación de extrema pobreza-, al mejor estilo de los criminales terroristas y su retorcida ideología marxista.
4.- Nunca intervinieron las autoridades elegidas democráticamente durante el conflicto, o sea, no se vio ni en pintura hasta el día de hoy, al presidente regional de Amazonas, Oscar Altamirano ni a las dos congresistas por Amazonas, Fabiola Salazar (APRA) ni a José Maslucán (Partido Nacionalista) siendo al final la AIDESEP la que encabezó las protestas, es decir…
5.- La AIDESEP está demasiado ideologizada, y el gobierno nunca debió concertar con ellos sino con una asamblea de APUS -que sí representan a casi todas las comunidades nativas amazónicas del Perú y no a un grupo reducido de la región San Martín-, teniendo en cuenta que en la AIDESEP también se cocinan muchas habas como las cuentas no tan claras del dinero que reciben del extranjero desde el 2007 para invertirlos en obras de promoción y desarrollo social y que Pizango y compañía se encargaron de hacer humo en un gran acto de magia amazónica. ¿Qué hasta ahora no se aprende la lección de ello?
6.- Nuestros queridísimos y ya conocidos miembros de la CNDDHH y la ONG IDL, que siempre aprovechan estas coyunturas para sacar agua para su molino.
7.- La pésima imagen internacional que ha mostrado el país, exaltado por los mismos peruanos de siempre -lean nomás el diario “La Primera” si quieren violencia radical-, que no ayuda en nada a la imagen de solidez institucional y gobernabilidad que todo pais en vias de desarrollo debe mostrar a la comunidad empresarial extranjera de la que tanto necesitamos sus inversiones.

FRATERNALMENTE
LUIS ROMERO YAHUACHI
http://www.larepublica.pe/controversias/06/06/2010/bagua-lecciones-no-aprendidas
http://elcomercio.pe/noticia/297990/video-gobierno-sobre-sucesos-bagua-polariza-mas-conflicto
IMÁGENES DE LA TRAGEDIA DE BAGUA:
http://catapa.be/es/news/335
http://www.tomasalvira.com/?p=488

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